Seguridad Jurídica como Factor

del Desarrollo Económico

Carmen Urízar Hernández

Introducción

 Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes sobre un tema que está cobrando mucha importancia, sobre todo en países que, como el nuestro, buscan desesperadamente las condiciones para crecer y desarrollarse. En esta búsqueda, hay aspectos que se consideran fundamentales para crear condiciones más propicias para ello, y el tema de la seguridad jurídica es uno de ellos. De hecho, debo confesar que veo con sumo agrado el que en un foro de tipo jurídico como éste, exista ya una preocupación legítima por el vínculo que el tema jurídico tiene con el tema económico, pues ello significa que en Guatemala estamos superando lo que a muchos economistas en el mundo nos preocupa al ver la evidente falta de conocimiento económico que existe, en buena parte, en el sistema legal.¹ Y nos preocupa, pues cuando esto ocurre el conjunto de instituciones que ordenan nuestras relaciones seguramente no promoverá los mejores resultados para el desarrollo. Los felicito por el tema que han escogido y quisiera iniciar inmediatamente la charla, tratando de que entendamos por qué nos interesa tanto lograr desarrollo económico,² por qué es tan importante el tema de la seguridad jurídica para este objetivo y qué pueden hacer ustedes como abogados para contribuir al desarrollo del país por la vía del sistema jurídico.

¿Por qué es importante el crecimiento?

El crecimiento económico es importante, no como objetivo per se, que trata de cómo aumentar la producción, sino como el medio para que los individuos podamos elevar nuestra calidad de vida. Porque está demostrado que sin crecimiento económico no es posible erradicar la pobreza. Esta es la razón simple por la que nos preocupa lograr crecimiento económico, y por la que nos preguntamos por qué algunos países crecen más que otros y están mejor.

Hay muchos estudios económicos que se han realizado para tratar de explicar cuáles son esos factores que determinan el crecimiento. Las teorías de crecimiento tradicionales explicaban el crecimiento económico como producto del aumento de la inversión productiva y la creación de más empleos. Sin embargo, las nuevas teorías toman en cuenta que una buena parte de éste se origina por el aumento en la productividad total de los factores o lo que llamamos "eficiencia económica."

Esta, a su vez, depende de condiciones como la estructura competitiva de la economía y de su apertura al comercio internacional; la estabilidad política; el nivel del capital humano; la eficiencia del gobierno y de las políticas económicas. Dentro de estas nuevas visiones tenemos algunos economistas que también ven en variables como la democracia (Barro, 1996), la corrupción (Mauro, 1995) y la calidad institucional (Knack y Keefer, 1995) otros determinantes fundamentales para el crecimiento económico. Por lo que nos interesa en este congreso, me concentraré únicamente en hablar sobre la calidad institucional, en donde uno de los elementos será el tema de la seguridad jurídica.

¿Qué entendemos por calidad institucional? El Banco Mundial (1998) define a las instituciones como "las normas que configuran el comportamiento de organizaciones e individuos dentro de una sociedad. Estas pueden ser formales (constituciones, leyes, reglamentos, contratos, procedimientos internos de determinadas organizaciones) o informales (valores o normas).³ Levy y Spiller⁴ (1994) definen, por su parte, la dotación institucional inicial de una nación como la inclusión de los siguientes elementos: Primero, las instituciones legislativas y ejecutivas. Estos son mecanismos formales para nombrar a los legisladores y los tomadores de decisión, para implementar las leyes y para determinar la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo. Segundo, las instituciones judiciales. Esto incluye los mecanismos formales para nombrar jueces y determinar la estructura interna del sistema judicial, y para resolver disputas entre partes privadas, o entre partes privadas y el Gobierno. Tercero, la costumbre y otras normas informales aceptadas, que generalmente se entiende funcionan para limitar las acciones de los individuos o las instituciones. Cuarto, el carácter de los intereses sociales en la sociedad, y el balance entre ellos, incluyendo el rol de la ideología. Finalmente, la capacidad administrativa de la nación.

Cuando todos estos elementos funcionan adecuadamente las transacciones entre los individuos se realizan de forma más eficiente. Esto se debe a que, como dice North (1993), "las instituciones proveen una estructura que los hombres imponen a las interacciones humanas para disminuir la incertidumbre."⁵  Brennan y Buchanan (1987) también argumentan que "los individuos necesitamos las reglas para vivir juntos, por la simple razón de que sin ellas seguramente nos pelearíamos, pues lo que un individuo desease sería apetecido, casi con certeza, por cualquier otro. Las reglas definen los espacios privados, dentro de los cuales cada uno de nosotros podemos llevar a cabo nuestras propias actividades, y esto hace más eficiente la vida en sociedad."⁶

Por su parte Barro (1998), en un estudio empírico entre países, demuestra que los países que han mantenido por más tiempo un Estado de Derecho han registrado crecimientos económicos más favorables (ver Gráfica l). Para Barro, el concepto de Estado de Derecho incluye la calidad de la burocracia, la corrupción política, el riesgo de expropiación por parte del gobierno y el mantenimiento en general de lo que él llama la "regla de derecho," que no es más que tener efectividad en la ley, el respeto a los contratos y la seguridad de la propiedad privada. Sobre este último punto, Coase (1960) hace ya cuatro décadas daba fundamentos muy valiosos en cuanto al rol que juegan los derechos de propiedad bien definidos en una sociedad, en términos de la reducción de costos de transacción, claridad en el uso de los derechos y su atractivo para especializarse y comerciar, y la productividad.

Gráfica 1

Crecimiento Económico y Estado de Derecho

 Fuente: Barro (1998), p. 29

¿Cómo es la calidad institucional en Guatemala?

La pregunta que nos surgiría ahora, entrando al análisis de nuestra realidad, es ¿cuál es la calidad de nuestras instituciones? Para responder a ello encuentro útil usar el esquema sugerido anteriormente por Levy y Spiller en cuanto a los elementos que definen la dotación institucional de una sociedad. Sin embargo, en este documento hago especial énfasis únicamente en las instituciones relacionadas con el sistema judicial. Para lo cual, el CIEN (1999)⁷ provee información sobre el status de estas instituciones. Traslado un resumen de esta información:

a) Vulnerabilidad del sector justicia

Algunos de los principales problemas que afectan a las entidades responsables de garantizar la justicia y la seguridad en Guatemala se presentan en el Cuadro 1. Según este documento, la vulnerabilidad de todas las entidades que conforman el sector justicia imposibilita que la seguridad ciudadana sea una realidad, porque el ciudadano se ve indefenso ante los abusos de los particulares y del mismo Estado, lo que le produce un sentimiento de inseguridad que proviene de la incertidumbre del respeto a su vida, su patrimonio y sus derechos, y de la expectativa de que no habrá castigo a los infractores de la ley.

Policía Nacional Civil: Deficiencia del recurso humano. Según la Secretaría Técnica de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta julio de 1999 ésta contaba con 11,000 efectivos ubicados en 18 departamentos de la República, y la antigua Policía Nacional con 1,049 agentes en los 4 departamentos restantes. Por lo que la misión de la PNC (proteger la vida, la integridad física la seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como la obligación de prevenir, investigar y combatir el delito, preservando el orden y la seguridad pública) se ve muy limitado. Además, pese a los esfuerzos de capacitación de los recursos humanos de la PNC, aún persisten las denuncias sobre problemas de corrupción y detenciones ilegales. Entre los efectos negativos de las deficiencias técnicas sobresale que los escasos niveles de coordinación entre el Ministerio Público y la PNC provocan que la investigación de los delitos sea lenta e insuficiente para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores materiales e intelectuales.

Ministerio Público. El objetivo principal de la entidad es promover la persecución penal y dirigir la investigación de los delitos de acción pública, así corno velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. El Ministerio Público (MP) es una de las entidades más criticadas. Se le señala de ser un ente politizado, porque el Organismo Ejecutivo puede ejercer cierta influencia en su dirección. Adicionalmente no se contempla en la legislación existente la fiscalización del MP en el cumplimiento de sus tareas y, según usuarios y personal del mismo, la entidad carece del suficiente recurso financiero, técnico y humano para realizar satisfactoriamente las tareas de investigación (por ejemplo, la falta de capacidad en el proceso de investigación impide a los fiscales presentar suficientes pruebas de cargo o descargo).

Organismo Judicial. El objetivo principal de la entidad es administrar justicia de acuerdo con la ley en todo el territorio nacional. Uno de sus principales problemas es la insuficiente independencia, pues se deja politizar con suma facilidad, empezando por el procedimiento de elección de los magistrados, en el cual participa el Congreso de la República, organismo eminentemente político. En cuanto al funcionamiento propiamente dicho de los tribunales, resaltan el deficiente apoyo logístico, la inadecuada distribución del trabajo, las prácticas tribunalicias sin base legal, la ausencia de controles respecto del flujo de casos, el excesivo formalismo en algunas actuaciones, y la falta de seguridad para los jueces y las propias instalaciones.

Sistema Penitenciario. En 199 se creó la Comisión de Transformación del Sistema Penitenciario para proponer cambios legales y administrativos, y establecer las políticas penitenciarias. Durante 1999 el Ministerio de Gobernación ha puesto en funcionamiento el Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual pretende remodelar la infraestructura de las cárceles, abarcando los sistemas de seguridad e información. A pesar de los esfuerzos, el sistema penitenciario continúa con los problemas de infraestructura inadecuada, corrupción, escasos logros en cuanto a la rehabilitación y readaptación de los reclusos. Las cárceles son inseguras y están sobrepobladas, lo que propicia fugas y motines.

Cuadro 1

La ineficiencia del sistema de justicia

Fuente: Lineamientos de Política Económica y Social 2003-2003,

"Seguridad Ciudadana", CIEN (1999), p. 7.

b) Crimen organizado

Posiblemente la vulnerabilidad del sistema de justicia ha sido la herencia de 30 años de violencia política, cuando el Estado guatemalteco, en lugar de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, se tornó violento y pasó por encima de todo el marco institucional. Adicionalmente, el conflicto armado interno rompió muchas de las redes de convivencia y credibilidad entre las personas, debilitó las instituciones formales e informales que facilitan las relaciones sociales (leyes y valores morales, entre otras) y corrompió la administración gubernamental a todo nivel.

Uno de los resultados más peligrosos de esa erosión del capital social e institucional del país ha sido la expansión y fortalecimiento del crimen organizado.⁸ La violencia e inseguridad que generan estas organizaciones se traducen en enormes costos sociales y económicos para el país. Pero el costo que representa en términos del deterioro de las instituciones podría ser el más grave.

c) Violencia en áreas urbanas

Según el estudio del CIEN los principales tipos de violencia que afectan las áreas urbanas pobres del país se relacionan con dos fenómenos sociales: las "maras" y la drogadicción.⁹

Obviamente la violencia no se limita a las zonas urbanas o a los pobres, pero gran cantidad de delitos violentos, relacionados con la delincuencia común y la actividad de las matas, tienden a concentrarse geográficamente en las comunidades urbanas pobres. En este sentido, el diagnóstico realizado por las personas afectadas que habitan dichos lugares pone de manifiesto la relevancia de diversos factores económicos y sociales. Con relación a los robos y asaltos: el desempleo, los ingresos insuficientes y el bajo nivel de escolaridad. En referencia a la violencia doméstica: el hacinamiento y el alcoholismo.

d) Violaciones a los derechos humanos

Guatemala ha avanzado en cuanto a la reducción de las violaciones a los derechos humanos.¹⁰ Según el estudio del CIEN a partir de 1995 se observa una reducción en la tasa de expedientes abiertos, por cada 100,000 habitantes, lo que parece indicar que las violaciones a los derechos humanos presentan una reducción anterior al Acuerdo de paz firme y duradera (firmado en diciembre de 1996). Sin embargo, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) considera que los avances han sido lentos y persisten las fallas en el sistema de seguridad pública y de administración de justicia, lo que contribuye a la impunidad y a la percepción de indefensión.

Calidad Institucional y Crecimiento

Económico en Guatemala

Las tasas de crecimiento que ha experimentado Guatemala durante los últimos quince años no han sido suficientes para lograr un aumento sostenido en el nivel de vida de los guatemaltecos. ¿A qué se ha debido esto? La respuesta es compleja y, obviamente, no hay una sola razón que explique de manera satisfactoria por qué el país ha crecido tan poco y en forma tan lenta, pues la misma es resultado de una combinación de factores. Sin embargo, utilizando los resultados de Gwartney y Lawson (1998) en el Reporte Anual de la Libertad Económica, el cual en palabras de Gary Becker (premio Nobel 1992), muestra cómo la "libertad económica¹¹ contribuye a la prosperidad y crecimiento económico,"¹² podemos obtener una aproximación de cuál ha sido el rol de algunas de las instituciones jurídicas en el crecimiento económico para Guatemala. Esto es posible, ya que uno de los elementos centrales del indice para medir la libertad económica es la "estructura legal y derechos de propiedad" (la composición completa del índice se muestra en el Apéndice).

Para lo relacionado con la estructura legal y derechos de propiedad el índice se mide a través de la calificación que reciben las siguientes variables:

    A.     Seguridad legal de los derechos de propiedad privada (riesgo de confiscación)

    B.     Viabilidad de los contratos (riesgo de tener el contrato repudiado por el gobierno)

    C.     Estado de Derecho e instituciones legales, incluyendo el acceso a la no discriminación judicial, que es un soporte a los principios del Estado de Derecho.

¿Cómo pueden medirse la seguridad de los desechos de propiedad y la presencia del Estado de Derecho? El Reporte del Indice de la Libertad (1998)¹³ utiliza la guía International Country Risk Guide, 1a cual le sigue la huella a lo político, lo financiero y los riesgos económicos, acompañando las actividades empresariales y de inversión en varios países desde 1982. Esas calificaciones son publicadas mensualmente y ofrecidas a los empresarios, los inversionistas y los analistas financieros. Mientras que las calificaciones cubren diversas áreas, tres de ellas- riesgo de expropiación, riesgo de violación de contrato y presencia de un Estado de Derecho?son particularmente pertinentes con respecto a la estructura legal. El riesgo de confiscación indica la probabilidad de que una propiedad pueda ser expropiada. El componente para el riesgo de contratos refleja el "riesgo de [que] una modificación en un contrato tome la forma de repudio o se posponga." La variable del Estado de Derecho "refleja el grado sobre el cual los ciudadanos de un país están aceptando el establecimiento de instituciones para hacer e implementar leyes y adjudicar disputas."

Los autores otorgan una calificación alta cuando están presentes "instituciones políticas, un sistema independiente de cortes y provisiones para una ordenada sucesión de poder." Bajas calificaciones indican "una tradicional dependencia sobre la fuerza física o medidas ilegales para colocar una demanda."

Mientras esas calificaciones involucran evaluaciones subjetivas por parte del panel de expertos del Grupo PRS, los publicadores de la Guía, ellos reflejan la visión al tiempo en que las calificaciones fueron hechas. Su credibilidad es realzada por el hecho de que quienes toman las decisiones empresariales están siendo pagados por ello y el servicio calificado tuvo que sobrevivir en el mercado por algún periodo de tiempo. A la fecha, ellos parecen ser el mejor indicador evaluado sobre la solidez de la estructura legal y la seguridad de propiedad.

Los datos originales para los componentes de las variables de "estructura legal y derechos de propiedad" fueron establecidos en una escala entre cero y diez. Con esta explicación de cómo se evalúa el índice, la pregunta ahora es ¿qué calificación recibe Guatemala? Y lo que encontramos es lo siguiente:

Ciertamente las calificaciones obtenidas en 1997, comparadas con 1990, muestran que Guatemala ha mejorado en cuanto a su estructura legal y el respeto a los derechos de propiedad, pero aún falta mucho camino por recorrer. En 1997, estas calificaciones han situado a Guatemala en la posición 94 de 115 países medidos, lo que significa que Guatemala aún tiene mucho que mejorar en cuanto a su estructura legal y derechos de propiedad como elementos para apoyar el crecimiento económico.

Conclusiones

1. El principal reto que enfrenta hoy la economía de Guatemala,¹⁴ si desea combatir la pobreza y elevar el desarrollo económico y social de los guatemaltecos, es buscar cómo lograr el crecimiento económico.

2. Para alcanzar una meta de crecimiento que sea efectiva para combatir la pobreza, deberemos realizar reformas estructurales en la economía. Y debemos estar conscientes de que el reto del crecimiento económico no es simple, sobre todo cuando un sistema económico parte de un conjunto de condiciones iniciales no propicias para el desarrollo. Este reto requiere reformas profundas de esas condiciones iniciales, como: redefinir el rol del Estado y convertirlo en un ente facilitador que complemente la actividad de los ciudadanos; crear las condiciones necesarias para atraer inversión, introducir al país en el comercio exterior; y mejorar la seguridad jurídica sobre derechos de propiedad y el nivel de instrucción y capacitación de los habitantes.

3. Mejorar y fortalecer las instituciones en el ámbito jurídico, necesariamente requiere el reconocimiento de que:

    a) Los derechos de propiedad son cruciales para el desempeño de una economía de mercado y la protección de la libertad personal. Si no están bien definidos la seguridad de los derechos de propiedad y el Estado de Derecho, la eficiencia de los mercados y el incentivo para producir un crecimiento estarán severamente erosionados. Más importante aún, la ausencia de estos factores no determina una economía libre. ,

    b) Los altos niveles de violencia afectan negativamente la inversión, el empleo y el consumo. Las pérdidas materiales y en salud son considerables. Las vidas humanas que se pierden son invaluables. La erosión que el crimen provoca en el capital social e institucional del país imposibilita que se den las condiciones para un desarrollo sostenible. Además, la inseguridad que perciben los ciudadanos deteriora su salud mental y, en definitiva, su bienestar.

    c) Para que la seguridad jurídica se convierta en un elemento que apoye, eficientemente, el desarrollo económico del país, deberemos avanzar en una mejor definición de los derechos de propiedad, y en buscar mecanismos eficientes para disminuir la vulnerabilidad de las instituciones judiciales (ineficiencias de las instituciones judiciales, el crimen organizado, la violencia en áreas urbanas, las violaciones a los derechos humanos, entre otros).

Finalmente, sólo, quisiera terminar por decirles que ustedes como futuros abogados tienen una gran responsabilidad en el futuro del país. Hemos visto ya en esta breve presentación cómo las normas y las instituciones legales determinan una buena parte del potencial en que el país puede desarrollarse. James M. Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986, decía lo siguiente:

    ... lo crucial aquí no es ni los motivos del actor ni los criterios de valoración, sino, de alguna manera, la disposición a examinar el proceso político en los mismos términos en   que generalmente examinamos los mercados. Los individuos se relacionan entre sí, cada uno con sus propios objetivos, bajo un conjunto de reglas (instituciones políticas), para promover esos objetivos y para que la interacción sirva fundamentalmente para establecer un resultado particular que sea algo así como un equilibrio. Si las capacidades de los individuos y los objetivos están dados, el único modo de poder cambiar las pautas de comportamiento es mediante la alteración de las reglas. Y los cambios en las reglas, por contrapartida, alterarán los resultados que surgen de cualquier sociedad de individuos.

Esa "alteración de las reglas" de la que habla Buchanan, se encuentra en gran parte en sus manos, por lo que un buen entendimiento de esa relación reglasresultados es importante. Ojalá en su carrera profesional, ustedes se pregunten constantemente si el conjunto de reglas e instituciones legales, de las que ustedes serán parte del diseño, es el mejor esquema para llevar a los individuos a promover los intereses de los demás o al menos evitar el causar daños a los demás. Si la respuesta es positiva ustedes, a través de su participación en el diseño de la institucionalidad jurídica estarán contribuyendo al desarrollo económico.

NOTAS

¹Kalmanovitz (1998) afirma lo siguiente para el caso de Colombia: ".Actualmente, es tan evidente la falta de conocimiento económico en buena parte del sistema legal: cuando los jueces (o congresistas) pasan sentencias (leyes) sin importarles los elevados costos qt* sus decisiones tendrán sobre la sociedad y para los agentes económicos. Por ejemplo, cuando se declara que todos los pagos a los empleados deben verse como salarios, no importando el hecho de que los impuestos sobre planillas habrán crecido en 25% de la misma, mientras que esa medida incrementa esos impuestos por 3% adicional, por lo que la medida tendrá un efecto negativo sobre el empleo formal y dará incentivos adicionales para una mayor economía informal."

²En este documento utilizo indistintamente "desarrollo económico" y "crecimiento económico" para referirme al mismo tema. Hay diferencias en los mismos, pero por el espacio de tiempo, no es la intención entrar a una explicación exhaustiva de dichas diferencias.

³Shahid & Perry (1998).

4Levy & Spiller (1994).

⁵North (1993).

⁶Brennan & Buchanan (1987), p. 41.

⁷CIEN, "Seguridad Ciudadana," Lineamientos de Política Económica y Social 2000-2003 (Guatemala, 1999).

⁸Los secuestros y las extorsiones, los atracos a agencias bancarias y los asaltos a vehículos comerciales son algunas de las manifestaciones más comunes de quienes se organizan para lucrar por medio de la planeación y ejecución de delitos. Según datos proporcionados por la PNC, en el período comprendido del 16 de julio de 1997 al 31 de diciembre de 1998 se registraron 2,532 robos a comercios en todo el país, es decir 4.75 robos por día. En el mismo período ocurrieron 38 asaltos a bancos y hubo, al menos, 58 personas secuestradas. Las bandas organizadas a nivel internacional son responsables de 8,488 robos de vehículos en el lapso de tiempo mencionado; es decir que se reportaron diariamente 16 casos en promedio (el 79% los robos ocurrió en la ciudad capital).

⁹Las personas perciben a los jóvenes relacionados con las "maras" y el narcotráfico como los principales causantes de violencia, delincuencia e inseguridad. Sin embargo, reconocen que hay cadenas de causalidad complejas que llegan hasta los problemas del hogar (falta de educación, machismo, pérdida de valores, falta de amor y comprensión, desintegración del núcleo familiar) y que se combinan con dos factores de riesgo bien identificados: el consumo de alcohol y la proliferación de armas de fuego. Además, la reflexión sobre las causas de la violencia en las calles parece conducir al problema de la violencia doméstica, cubierto por un velo consistente en la cultura del silencio y del temor.

¹⁰Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, "en Guatemala ya no existe una política institucional del Estado violatoria de dichos derechos" Esto es compartido por MINUGUA, aunque ésta advierte sobre la persistencia aún de graves violaciones al derecho a la vida, especialmente mediante la práctica de ejecuciones extrajudiciales y violaciones al debido proceso legal y al derecho a la libertad de asociación y reunión.

¹¹Los autores dicen que para poder desarrollar una medida válida de la libertad económica, se requiere una definición clara del concepto. Los ingredientes centrales de la libertad económica son las decisiones personales, la protección al derecho de la propiedad privada y la libertad de intercambiar. Los individuos tienen libertad económica cuando: a) la propiedad adquirida sin el uso de la fuerza, el fraude o el robo está protegida contra invasiones físicas de terceros; b) esa propiedad puede usarse libremente, intercambiarse o transferirse a un tercero, y dicha acción del propietario no viola derechos idénticos de otros. Como una brújula, este concepto de libertad económica ha guiado nuestro trabajo.

¹²Opinión de Gary Becker, Premio Nobel 1992, sobre el "Indice de la Libertad Económica." Aparece en la contraportada del Reporte del Indice de la Libertad Económica para 1997 (Fraser Institute y CIEN, 1997).

¹³Gwartney & Lawson (1998), p. 25.

¹⁴De hecho, en Guatemala esta preocupación pareciera haber encontrado un consenso público que queda contenido en los Acuerdos de Paz firmados en 1996, y que impusieron compromisos macroeconómicos importantes para el país. En el Acuerdo sobre Aspectos Económicos y Situación Agraria se propone como meta un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB) a una tasa no menor del 6% anual.

Bibliografía

Barro, Robert. Determinante of Economic Growth. MIT Press, Cambridge, Massachussets, 1998.

Brennan, G. & J. Buchanan. La Razón de las Normas: Economía Política Constitucional. Unión Editorial, S.A., Madrid, 1987.

Benham, A. & L. Benham. Institutional Reform in Central and Eastern Europe: Altering Paths with Incentives and Information. International Center for Economic Growth, San Francisco, 1995.

CIEN. "Paz, Propiedad y Desarrollo," Hacia la Paz y el Desarrollo, Año 1, Edición 5 (1998).

CIEN. "Seguridad Ciudadana," Lineamientos de Política Económica y Social 2000-2003. Guatemala, 1999.

CIEN. "Combate a la Pobreza," Lineamientos de Política Económica y Social 2000-2003. Primera Edición. Guatemala, 1999.

CIEN. Investigando la Violencia en Guatemala. Algunas consideraciones conceptuales y metodológicas. Mimeo (1999).

Coase, R "The Probíem of Social Cost," Journal of Law and Economice 3 (1960): 1-44.

Gwartney, James & Roben Lawson. Economic Freedom of the World, 1998/99 (Interim Report). Vancouver, Canada: Fraser Institute, 1998.

Kalmanovitz, S. "Institutions, the Law and Economic Development in Colombria" (mimen, 1996).

Knack, S. & P. Keefer. "Institutions and Economic Performance: Cross Country Tests Using Alternative Institutional Measures," Journal of Economice and Politice, 7 (1995): 207-27.

Levy, B. & P. Spiller. "The Institutional Foundations of Regulatory Commitment: A Comparative Analysis of Telecommunications Regulation." Journal of Law, Ecomics and Organization 10 (1994) 201-46.

La Porta, R., F. Lopez?de?Silanes, A. Shleifer & R. Vishny. "The Quality of Government," NBER Working Paper No. 6727 (1998).

Mauro, P. "Corruption, Country Risk and Growth." Quarterly Journal of Economice, 110 (Oct 1995).

North, D. Instituciones, Cambio Institucional y Comportamiento Económico. Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

Sened, Itai. "Institutional Engineering" (Documento presentado en la Primera Reunión de la Sociedad Internacional de la Nueva Economía Institucional, Septiembre 19-21, 1997, Universidad Washington de St. Louis, Missouri).

Shahid, J. & G. Perry, ed. Más allá del Consenso de Washington: La Hora de la Reforma Institucional (Banco Mundial, Washington, 1998).

Apéndice

Componentes del Indice por Area